Madrid, 1 de diciembre 2023
Desde diciembre de 2017, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social obliga a las comunidades de propietarios a garantizar el uso de los elementos comunes del edificio a las personas con diversidad funcional que lo necesiten. Un derecho que también viene recogido en los artículos 9 y 14 de la Constitución Española y alienado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, concretamente el ODS 11 ‘Ciudades y comunidades sostenibles’. De hecho, según un informe de Fundación Mutua de Propietarios, el 87% de los edificios de viviendas españoles necesitaría realizar actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar su accesibilidad.
Sin embargo, la plena accesibilidad de las viviendas todavía tiene un largo camino que recorrer. Solo un 0,6% de los edificios de viviendas en España son universalmente accesibles. Además, un 63% de los edificios no son accesibles de la calle al portal y un 22% carece de ascensor, un motivo que ha llevado a un 22% de las personas con movilidad reducida a tener que cambiar de vivienda, según la Fundación.
Esta circunstancia afecta especialmente a las personas de más edad y con movilidad reducida, aunque en la actualidad existen subvenciones y ayudas a comunidades para la realización de reformas encaminadas a la mejora de la accesibilidad.
Según el ‘I Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad’ realizado por UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda, el 87,5% de los españoles cree que la accesibilidad de la vivienda afecta directamente a la salud de sus habitantes. PorComunidades, en La Rioja lo consideran el 100% de los propietarios consultados, seguida de Asturias (92,8%), País Vasco (92%) y Cantabria (92%).
Además, el 62,9% de los propietarios que viven en una vivienda con comunidad de vecinos considera necesario mejorar la accesibilidad de su edificio. Entre ellos, los castellanomanchegos son los más decididos a estas mejoras (73,5%), seguidos de catalanes (70,9%) y riojanos (69,3%).
11 mejoras para conseguir la accesibilidad universal en las viviendas españolas
Junto con el Informe de Evaluación de Edificios (IEE), que recoge información sobre distintos aspectos del edificio y, en todo caso, la valoración sobre el estado de conservación, las condiciones básicas de accesibilidad universal y la certificación de la eficiencia energética, en los últimos años se han aprobado diferentes normas para establecer los requisitos que deben reunir las nuevas edificaciones, así como para mejorar y rehabilitar las viviendas ya existentes para ser accesibles.
En este sentido, desde UCI destacan 11 reformas necesarias a nivel de edificios y viviendas para mejorar la accesibilidad y seguridad de la vivienda, tanto para las zonas y servicios comunes como para las privadas.
- Instalación de ascensores y salva escaleras.
- Reemplazar escaleras de acceso por rampas o plataformas elevadoras.
- Automatismos para la apertura de puertas.
- Dispositivos adaptados a personas con discapacidad sensorial o intelectual (videoporteros, pantallas, timbres luminosos, etc).
- Domótica para favorecer la autonomía de personas mayores o con discapacidad.
- Ampliación de espacios de cocinas y baños, eliminando barreras y proporcionando elementos de seguridad, como abrazaderas en las paredes.
- Adecuación de puertas y pasillos para permitir el paso de sillas de ruedas, andadores u otros mecanismos que faciliten la movilidad.
- Pasamanos y barandillas en zonas claves para mejorar la movilidad y la estabilidad.
- Ajuste de la altura de interruptores, enchufes y otros elementos.
- Suelos antideslizantes y sin irregularidades u obstáculos.
- Reorganización de los muebles para permitir espacios más libres.
Catia Alves, directora de Sostenibilidad y Rehabilitación de UCI, destaca que “si queremos llegar a los parámetros fijados por la UE para alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de los edificios, tenemos también que considerar aquellas mejoras que permitan que los ciudadanos puedan vivir en igualdad de condiciones. Factores como la salud, la seguridad y el bienestar de las viviendas tienen que ser una prioridad en el día a día de las personas con más dificultades”.
