Madrid, 29 de noviembre de 2023

Este jueves dará comienzo en Dubai (Emiratos Árabes) la vigésimo octava cumbre anual de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP28, con más de 200 países participantes y cerca de 70.000 personas, una edición convocada bajo el lema “Unir. Actuar. Cumplir” que pretende ser un hito en los avances de la agenda climática global.

Los eventos climáticos extremos, como sequías prolongadas, inundaciones repentinas, incendios forestales y tormentas cada vez más frecuentes y severas, representan una amenaza significativa para la economía en general y organismos como el Banco Central Europeo instan a las entidades financieras para que adopten medidas para ser impulsoras del cambio climático e incluyan los riesgos climáticos dentro de su gobernanza y estrategia antes de diciembre de 2024.

En este sentido, desde UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda, han elaborado una guía de los principales factores medioambientales y riesgos climáticos a los que se enfrenta el parque edificado español y que podrían tener implicaciones en la viabilidad financiera de las propiedades y, en última instancia, en la concesión de hipotecas.

Si su vivienda está en una zona expuesta a desastres naturales, en un futuro no muy lejano su hipoteca podría ser más cara

A pesar de la recomendación del BCE, seis de cada diez entidades bancarias aún no cuentan con marcos sólidos de pruebas de resistencia sobre riesgo climático, según el Banco de España. A pesar de ello, cada vez más inversores y entidades financieras consideran el riesgo climático entre sus decisiones.

“Algunas entidades financieras ya hemos comenzado a analizar el riesgo climático al que están expuestos los inmuebles que financian, pues al final son la garantía hipotecaria que tenemos”, asegura Catia Alvés, directora de Sostenibilidad y Rehabilitación en UCI.

De hecho, se están trabajando en herramientas y métricas que evalúan la vulnerabilidad de las propiedades ante los riesgos climáticos, así como para estimar el impacto económico que podrían tener en el valor de mercado a largo plazo.

Esta evaluación del riesgo climático permitirá tomar decisiones informadas y considerar la resiliencia climática como un factor clave en las estrategias de inversión. Lo que, aterrizado a las personas, podría ser sinónimo de condicionar la concesión o no de una hipoteca, o un aumento del precio de esta, si el inmueble a financiar está en una zona de elevada exposición a riesgo de cambio climático. 

“La gestión de hipotecas reflejará un cambio en la operativa bancaria, donde los riesgos medioambientales, desde inundaciones hasta incendios, se incorporan a la ecuación financiera. La directriz del Banco Central Europeo insta a las entidades a considerar estos factores, impactando directamente en la tasación de propiedades y, en consecuencia, en los gastos asociados a las hipotecas”, afirma la directora de Sostenibilidad de UCI, que considera la tecnología como principal aliada de las entidades y que añade: “Como ciudadanos solemos pensar en el corto plazo, pero el periodo de vida de una hipoteca y, más si cabe, de una vivienda es elevado. No hay más que pensar en la media de edad de las viviendas españolas, que supera los 45 años”.

Impacto de los riesgos climáticos en el parque edificado

Los riesgos asociados al cambio climático tienen el potencial de causar estragos en el sector inmobiliario: desde la depreciación de propiedades hasta la pérdida de inversiones. Cada uno de estos eventos climáticos extremos puede tener un impacto devastador en las propiedades inmobiliarias, por ello inversores y entidades evalúan el riesgo climático en las inversiones inmobiliarias.

• Viviendas en zonas inundables, eventos extremos de lluvias o elevación del nivel del mar: Las inundaciones pueden dañar gravemente las estructuras y a la infraestructura de los inmuebles. Además, las propiedades costeras también se enfrentan al riesgo de aumento del nivel del mar y la erosión costera, lo que puede llevar a la destrucción de viviendas y la pérdida de terrenos. 

• Viviendas en zonas afectadas por la sequía: afectan a la disponibilidad de agua y el rendimiento de los cultivos. Además, el riesgo de subsidencia del suelo podría afectar a la estabilidad de las construcciones.

• Viviendas afectadas por olas de calor extremas: podrían ocasionar daños estructurales por estrés térmico y causar una mayor demanda de sistemas de enfriamiento, con el consiguiente aumento de las emisiones de CO2.

• Viviendas en zonas con riesgo de incendios: el peligro de la propagación rápida de incendios hacia zonas urbanas podría afectar a las estructuras, así como causar daños a la calidad del aire y riesgos en la salud.

• Viviendas en zonas volcánicas: el riesgo de erupciones volcánicas no solo podría afectar a las edificaciones sino requerir medidas de construcción resistentes a la actividad volcánica.

• Viviendas en zonas afectadas por terremotos: la posibilidad del colapso de estructuras no diseñadas para resistir seísmos supone la amenaza a la estabilidad estructural de los edificios la necesidad de edificar viviendas sísmicamente resistentes.

Este análisis revela que áreas costeras, como la Costa del Sol y la Costa Brava, se encuentran entre las más expuestas de nuestro país a fenómenos extremos, lo que podría impactar directamente en la viabilidad financiera de las propiedades y, por ende, en la concesión de hipotecas.

Además de estos eventos, el cambio climático también tiene un impacto indirecto en el sector inmobiliario a través de la variabilidad del clima. Los cambios en los patrones de lluvia y temperatura pueden afectar la demanda de viviendas y los precios de las propiedades. Por ejemplo, las áreas que solían ser atractivas para vivir pueden volverse menos deseables debido a la escasez de agua o al aumento de las temperaturas. Esto puede resultar en una disminución en el valor de las propiedades en esas áreas y en la pérdida de inversiones para los propietarios. 

El cambio climático también plantea desafíos para la infraestructura urbana, pues las ciudades están cada vez más expuestas al riesgo de inundaciones y tormentas, lo que puede afectar los sistemas de transporte, el suministro de energía y las redes de comunicación.  

Las infraestructuras deterioradas no solo son costosas de reparar, sino que también puede hacer que las áreas afectadas sean menos atractivas para vivir o establecer negocios. Esto también supone un impacto negativo en el mercado inmobiliario de esas áreas y dificultar el desarrollo urbano sostenible, afectando también a la densidad poblacional, creando zonas vacías y ciudades superpobladas. De hecho, un reciente informe apunta que el 70% de la población mundial vivirá concentrada en espacios urbanos para 2050. 

Para Catia Alvés: “Es esencial que los futuros compradores evalúen no solo la ubicación y las comodidades de una propiedad, sino también su resistencia ante los riesgos climáticos. La sostenibilidad se convierte así en un criterio fundamental al tomar decisiones inmobiliarias informadas y adaptadas a un futuro cada vez más condicionado por el cambio climático·.

Medidas de adaptación y resiliencia climática

Sin duda, estos riesgos ya se están abordando desde el sector. El Pacto Verde Europeo, la estrategia de la UE para cumplir con el objetivo de neutralidad climática en 2050 contempla esfuerzos para mejorar la eficiencia en los edificios existentes a través de la rehabilitación y la implementación de tecnologías más eficientes a través del mayor paquete de medidas promovido nunca en la eurozona: los Fondos Next Generation EU.  

También se están llevando a cabo prácticas de construcción más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético. Las nuevas construcciones se diseñan desde hace años teniendo en cuenta aspectos climáticos como el uso de materiales resistentes al clima o la incorporación de fuentes de energía renovables como la fotovoltaica, aerotermia y geotermia.  

Además, también se están promoviendo medidas de adaptación y resiliencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, lo que implica incorporar medidas para proteger las propiedades de los riesgos climáticos, como la implementación de sistemas de drenaje sostenibles, la elevación de edificios en áreas propensas a inundaciones o el uso de materiales resistentes al clima. Estas medidas no solo protegen las viviendas existentes, sino que también contribuyen a la creación de comunidades más seguras y sostenibles. 

A nivel regulatorio, cada vez son más los gobiernos y autoridades locales están implementando políticas y regulaciones para abordar los riesgos del cambio climático en nuestro sector como la Energy Perfomance Building Directive o EPBD por sus siglas en inglés, que obligará a que todas las viviendas tengan un certificado de eficiencia energética E en enero de 2030 y D —o mejor— en enero de 2033. Estas políticas promueven la construcción y rehabilitación sostenible, así como impulsar la transición hacia una economía neutra en carbono.  

Junto con las medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático, la conciencia de los ciudadanos sobre estos riesgos también influye en las preferencias de los compradores de vivienda. Cada vez más personas valoran la sostenibilidad y la resiliencia de una vivienda a la hora de elegir una vivienda. De hecho, los resultados del I Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad impulsado por UCI ponen de manifiesto que un 78,3% de los compradores estaría dispuesto a pagar hasta un 7,25% más a cambio de vivir en una vivienda sostenible.  

Esto se traduce en una demanda creciente de viviendas y edificios que promueven la eficiencia energética y el uso de energías renovables.  

Desde UCI subrayan la necesidad de trabajar desde el conjunto del sector en el desarrollo de productos y servicios financieros que fomenten la adopción de medidas de adaptación y resiliencia climática por parte de los ciudadanos.

Además, también es necesario promover la conciencia y la educación sobre los riesgos climáticos entre la sociedad. Para Alvés: “A través de campañas de divulgación y materiales informativos, es necesario empoderar a los ciudadanos para que tomen decisiones informadas y responsables en relación con la compra y el mantenimiento de viviendas en un contexto de cambio climático”.